CONGRESO DEL ESTADO APROBÓ EXHORTO PARA ATENDER CASO DE ACOSO ESCOLAR EN CONTRA DE MENOR CON DISCAPACIDAD EN ESCUELA DE RIOVERDE
El Congreso del Estado aprobó el Punto de Acuerdo presentado por la diputada María Dolores Robles Chairez, para exhortar al titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) a instruir acciones preventivas y correctivas inmediatas ante el caso de acoso escolar ocurrido en el municipio de Rioverde, en perjuicio de una menor estudiante con discapacidad.
Se solicita dar continuidad a la investigación correspondiente, promoviendo la reparación del daño así como garantizar la atención psicológica y educativa integral de la víctima y las medidas de protección necesarias que aseguren su reincorporación segura al entorno escolar.
Asimismo, se pide a la SEGE implementar acciones de sensibilización dirigidas al personal directivo, docente y administrativo, así como al alumnado, mediante capacitación en materia de derechos de las personas con discapacidad y en la detección de acoso invisible o indirecto hacia estudiantes con discapacidad.
La diputada María Dolores Robles Chairez señaló que diversas estrategias educativas contra el bullying han demostrado que el entorno y los testigos del acoso escolar juegan un papel fundamental para su prevención y erradicación.
“Los estudiantes que acosan pueden haber aprendido conductas agresivas fuera de la escuela, en su familia, en su entorno cercano o a través de los medios de comunicación, Internet o redes sociales. Los valores culturales y sociales son clave para fomentar o frenar la agresión”, expresó.
La legisladora Robles Chairez recordó que la Ley estatal en la materia tiene por objeto establecer políticas públicas que permitan la plena inclusión en condiciones de equidad.
Existen instrumentos normativos complementarios como la Ley de Prevención y Seguridad Escolar del Estado y Municipios de San Luis Potosí y el Protocolo para la Erradicación del Acoso Escolar en Escuelas Públicas y Privadas de Educación Básica dependientes de la SEGE.
Estos ordenamientos establecen la ruta de acción a seguir, incluyendo la obligación del personal educativo de aplicar las medidas señaladas, documentar cualquier hallazgo o indicador de riesgo y reportarlo de manera inmediata a la autoridad correspondiente.
