BUSCAN FORTALECER LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PROTECCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS
Para establecer, como uno de los principios de la planeación del estado y los municipios de San Luis Potosí, una perspectiva centrada en la familia, el diputado Rubén Guajardo Barrera presentó una iniciativa para adicionar y reformar varios artículos a la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí; a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; y de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.
Por ello, se propone incorporar en la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí, la orientación transversal de las políticas públicas para la protección y fortalecimiento de las familias mediante la construcción de una cultura de la complementariedad entre sus integrantes, eliminando todas las formas de violencia a su interior y exterior que atenten contra su unidad en los sectores público y privado, y encaminadas a mejorar las condiciones de vida familiar en los ámbitos económico, social y de cuidado en el hogar para quienes la conforman.
Esto en cumplimiento al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.
En la Ley de la Administración Pública del Estado, se propone incorporar como obligaciones de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, en el ámbito de sus atribuciones, el diseñar y coordinar políticas y programas para la protección y fortalecimiento de la familia, encaminadas a mejorar sus condiciones de vida. En el mismo sentido, se propone establecer como parte de las obligaciones de la persona titular de la presidencia municipal, el diseño y aplicación de políticas y programas para el fortalecimiento de la familia.
El legislador indica, que con estas modificaciones, se busca generar una nueva perspectiva de las políticas y programas públicos en el estado, que sean capaz de llevar a la práctica la disposición Constitucional de apoyo y protección a las familias, no solamente como una manera de cumplir con un supuesto legal fundamental, sino de crear condiciones concretas para que la acción pública tenga un impacto positivo en diferentes formas, incluyendo en la reconstrucción del tejido social.
Se turnó para su análisis a la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales.
