LAS MUJERES RECLUIDAS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS EN EL ESTADO, DEBEN SER BENEFICIARIAS DE LAS CAMPAÑAS DE REPARTO DE INSUMOS DE SALUD MENSTRUAL

El diputado Marco Antonio Gama Basarte, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado, con el propósito de incluir a las mujeres recluidas en los centros penitenciarios en el estado, dentro de las campañas de reparto de insumos de salud menstrual. 

La Constitución afirma de manera inequívoca el alcance general de este derecho al fijar que aplica a toda persona en el país; lo que sin duda abarca también a aquellos que se encuentran cumpliendo penas corporales en los centros penitenciarios en el territorio mexicano. No obstante, es necesario reconocer que al interior de esa población hay grupos sujetos a mayores condiciones de vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres, que tienen requerimientos específicos en materia de salud, como es el caso de la menstruación.

Señaló que “es necesario que, en nuestro país, superemos los tabúes y accedamos a la información disponible, para volvernos conscientes de que, contar con las condiciones adecuadas para gestionar este proceso biológico, es parte integral del derecho a la salud. Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, solo el 29.8% de las mujeres recluidas, recibieron toallas sanitarias como parte de los servicios de salud”.

Por ello, se propone que la población recluida en centros penitenciarios, sea incluida en los programas gratuitos de entrega de insumos de salud menstrual, llevados a cabo por la Secretaría de Salud del Estado, y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Entidad.

La iniciativa establece que, en cumplimiento de la fracción II del artículo 133 de la Ley de Salud del Estado: de conformidad con la suficiencia presupuestal que se tenga, programas de entrega de insumos de salud menstrual de manera gratuita, con el fin de garantizar la seguridad sanitaria y el bienestar físico de las personas menstruantes; priorizando a la población con mayor grado de marginación social y pobreza.

Se pretende adicionar, al final de esa fracción, a las personas recluidas en los centros penitenciarios en el estado y que las campañas destinadas a estas personas, se deban llevar a cabo en coordinación con las autoridades penitenciarias observando así, las atribuciones aplicables.

En lo tocante al impacto presupuestario de la medida, cabe señalar que la fracción que se pretende reformar, ya indica que dichos programas se realizarán de conformidad con la suficiencia presupuestal con la que se cuente; por lo que la inclusión de dichas personas, estaría sujeta a los mismos términos generales de estas acciones.

Finalmente, esta iniciativa busca que uno de los aspectos específicos del derecho a la salud, se puedan ver respaldados en la Ley y que uno de los grupos que enfrenta más obstáculos en su acceso a esta garantía, y sin importar su situación legal, puedan acceder a éstos insumos de salud en cumplimiento del principio que indica que, en México, el derecho a la salud es para todas las personas.