EL CONGRESO DEL ESTADO APROBÓ EL DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO
A iniciativa de la diputada Frinné Azuara Yarzabal, el Congreso del Estado aprobó el decreto que reforma disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, a efecto de otorgar el derecho de las personas trabajadoras al servicio de las instituciones públicas, a un día con goce de sueldo, con el objetivo de qué se practiquen exámenes médicos para la detección y prevención de cáncer; el cual deberá ser acreditado mediante justificante o certificado.
Se indica en la exposición de motivos de la iniciativa, que las pruebas de detección temprana son exámenes médicos que los especialistas en la materia usan para descubrir la existencia de enfermedades y problemas de salud antes de que existan señales o síntomas.
Estas pruebas de detección sirven para prevenir enfermedades de manera temprana, cuando pueden ser más fáciles de tratar. La detección temprana de las enfermedades está dirigida a personas que tengan riesgo de presentar alguna enfermedad, ya sea congénita o no, por diferentes motivos: como por ejemplo motivos hereditarios o patologías previas. Esto se realiza con el objetivo de disminuir su prevalencia y detectarlas en sus fases iniciales, y así comenzar con el tratamiento adecuado.
Por ello, es importante que las y los trabajadores al servicio de las instituciones públicas tengan el derecho a un día al año con goce de sueldo para realizarse exámenes médicos para la detección oportuna del cáncer, padecimiento que puede ser detectado a tiempo en la salvaguarda de la vida y la salud de calidad de las personas burócratas en todo el Estado y, al mismo tiempo, promover la cultura preventiva en materia de salud.
Se señala que el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental está consagrado en varios instrumentos jurídicos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Un enfoque de salud basado en los derechos humanos compromete a los Estados nacionales y subnacionales a desarrollar sistemas de salud que sean respetuosos con los derechos humanos, eficaces, y que incorporen la perspectiva de género, en el ámbito de sus competencias.
El derecho humano a la salud es independiente de otros derechos humanos, como el derecho a la educación, a la participación, a la alimentación, a la vivienda, al trabajo y a la información.
