FIRME TRABAJO DE COMISIONES EDILICIAS PARA IMPULSAR UNA PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE SLP
Continúa el trabajo de las Comisiones edilicias del Ayuntamiento de la Capital para actualizar disposiciones municipales para proteger a la ciudadanía y mejorar la infraestructura urbana de San Luis Potosí. De ahí que la regidora, Martha Orta Rodríguez dio a conocer el análisis del reglamento para regular el cableado en la ciudad. Reafirmó la necesidad del actual Gobierno de la Capital del Sí, de planificar la mancha urbana de una manera sustentable para tener lugares más accesibles para toda la población, pero también, para mejorar y garantizar el acceso a personas con alguna discapacidad, “porque San Luis Potosí se merece una Capital libre de cableado”. De esta manera, precisó, atendemos la petición de distintas personas que consideran necesario tener un mayor control del tendido de cables en el Municipio, para no sólo evitar la contaminación visual, sino para evitar accidentes en la vía pública. Orta Rodríguez hizo un exhorto a la población en general para que por medio de las redes sociales de las autoridades municipales, envíen fotografías referentes al cableado tirado en las calles y banquetas, “para apoyar esta iniciativa, la cual también es un asunto de seguridad y hasta de protección civil, por eso la importancia de la participación de las potosinas y potosinos”. Entre las novedades que se propondrán es que el nuevo cableado que se instale sea subterráneo, quitar excedentes también de cables, y se analizará imponer sanciones a las empresas que incumplan, cuyos recursos serán destinados para las Direcciones del Ayuntamiento, cuando sea su personal el que retiren. Para concluir, la Regidora de la Capital, Martha Orta, añadió que dicha propuesta será estudiada primeramente en la Comisión de Gobernación y por aquellas áreas que tienen que ver con los servicios municipales. No obstante, se adelantó y solicitó a las empresas de telefonía, de cable y de internet, que realicen trabajos profesionales y de acuerdo con la normatividad para evitar acciones perjudiciales en contra de la ciudadanía.
