INMINENTE TRANSICIÓN HACIA LA JUSTICIA DIGITAL.
En el ámbito de la justicia, la planta académica debe adecuarse al nivel que la realidad digital nos dicta para que las actividades de la docencia se desarrollen en ese terreno; el aula tiene que estar vinculada porque ha quedado rebasado el método tradicional de enseñanza-aprendizaje, expuso la académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, Alma de los Ángeles Ríos Ruiz.
Al participar en el Seminario Internacional “Derechos digitales en México: su reconocimiento, protección, interpretación y ponderación”, convocado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional, indicó que se debe motivar la interacción, eficientar la colaboración, el aprendizaje por descubrimiento, y ponderar que el elemento tecnológico es una nueva herramienta.
Lo anterior, continuó, reviste un cambio de paradigma, el ejercicio de la profesión jurídica evoluciona en este marco, demanda un perfil distinto de abogadas y abogados que desarrollen las habilidades con el ejercicio de las herramientas digitales en distintos ámbitos.
Además, contar con un alumno más activo y digital que recree en las aulas los mecanismos reales de producción; es decir, un nuevo perfil de abogado profesional “que pondere la identidad digital, el derecho de acceso a la inteligencia artificial, entre otras cuestiones”.
“Estamos ante un gran reto: hacer útil estas herramientas; solo falta que lo asimilemos sin resistencias al cambio”, subrayó.
En el Aula “Guillermo Floris Margadant”, del IIJ, el investigador de esta entidad académica, Miguel Alejandro López Olvera, señaló que la enseñanza del derecho y sus contenidos siguen siendo tradicionales, por lo que se requiere dar un salto y producir libros digitales con contenidos interactivos.
“Un ejemplo de esto son los procedimientos administrativos en donde los usuarios ya no van en gran porcentaje a las oficinas de gobierno para la entrega de documentos en papel, sino todo se realiza desde una plataforma”.
Tenemos arraigado el concepto de administración pública y no permite el avance en cuanto a derecho administrativo, por lo que deben elaborarse libros interactivos con hipervínculos.
“La Constitución aun habla del concepto de funcionario público como la persona que gestiona, que realiza la función pública, pero no habla de funcionarios digitales”, explicó.
Por ejemplo, hacemos un procedimiento en el que la plataforma valida los pasos para obtener un acto administrativo digital, por lo que el “funcionario digital” es otro de los conceptos que debe ir trabajando la doctrina administrativista y también el legislador, abundó.
En tanto, Paola Jackeline Ontiveros Vázquez, abogada y Mediadora Privada Número 525 de la Ciudad de México, manifestó que la educación no puede mantenerse hermética ante los cambios tecnológicos.
Tenemos que alfabetizarnos para saber cómo implementar los sistemas digitales, cómo llegar a un juzgado y revisar un expediente en este formado o emitir una firma electrónica.
“Hay una transición a la justicia digital, estamos migrando, utilizamos tecnologías de la comunicación, y vamos de los procesos analógicos a los digitales. Nos encontramos en una disrupción tecnológica en el sector jurídico. Necesitamos no solo manejar las plataformas, sino también explicarlas y analizar elementos de privacidad que tienen las mismas”, apuntó.
Por ejemplo, desde los chatbots (asistentes digitales a través de mensajes de texto) que nos auxilian para el llenado de documentos o formatos, hasta las denominadas plataformas de resolución de conflictos (plataformas ODR-Online Dispute Resolution), que resuelven litigios comerciales en línea, las cuales solo están disponibles en Europa, por lo que “hay que globalizar la educación jurídica”.
