MÁS PROTECCIÓN A PERIODISTAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS OFRECE NUEVA LEY EN SLP.
Entró en vigor Ley en San Luis Potosí para la Protección al Ejercicio de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, que incluye una coordinación con diferentes autoridades de la entidad en la que participa la Fiscalía General del Estado (FGESLP).
Con la homologación a nivel nacional de la ley, se disuelve el Comité Estatal de Protección al Periodismo y se instaura, la Unidad Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Dicha Unidad será presidida por: FGESLP, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Con esta coordinación se busca prevenir y erradicar los casos que impliquen violaciones a la libertad de expresión y a la defensa de los derechos humanos.
El organismo deberá tener conocimiento puntual de cada caso en el que se dañe la integridad física, psicológica, moral o económica de personas que ejerzan periodismo o defensores de derechos humanos (DDHH), así como sus respectivas familias.
Posterior a ello, se analizará y diagnosticará el nivel de riesgo de los ciudadanos, y en su caso solicitar medidas preventivas o de protección.
Estas medidas urgentes de protección serán implementadas para reducir el riesgo en el que esté expuesta las y los afectados.
Se prevén en el ordenamiento cursos de autoprotección, ya sea de forma individual o colectiva; evacuación o reubicación temporal de un lugar; escoltas de elementos especializados; resguardo de inmuebles, entre otras que se requieran para salvaguardar la integridad y libertad de los beneficiarios.
Por su parte, la FGESLP capacitará a los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y a los que conforman las 16 Delegaciones del territorio potosino.
Así como a sus elementos de la Policía de Investigación (PDI), para que conozcan los protocolos necesarios y brinden una debida atención e investigación a casos donde resulten agraviados periodistas o protectores de DDHH.
