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IMPULSAN QUE EL INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LOS DERECHOS HUMANOS SE CONVIERTA EN ESCUELA JUDICIAL.

En reunión de comisiones unidas de Justicia y Gobernación del Congreso del Estado,  fue aprobada la iniciativa que busca reformar la redacción de los artículos 94, 97, 106, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 150, 151, 152, 155, 156 y 163 así como adicionar los artículos 119 BIS, 122 BIS, 124 BIS y 124 TER de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. La propuesta fue presentada por la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, la Magistrada Olga Regina García López

 

La propuesta tiene como objetivo la denominación del Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos, para llamarse Escuela Judicial, así como también adecuar varias denominaciones con lenguaje incluyente e incorporar la opción de educación a distancia.

 

La iniciativa viene a visibilizar la importancia del aspecto orgánico del Poder Judicial del Estado, centrándose en la regulación de los puntos concernientes a la estructura, organización, funcionamiento y principales atribuciones de la Escuela Judicial, estableciendo al efecto los órganos y el personal que lo integran, con el fin de tener un esquema jurídico-normativo claro, preciso y que otorgue certeza jurídica a los procesos de formación, profesionalización, capacitación y actualización de los miembros del Poder Judicial.

 

También se propone  dejar precisado en la Ley, los requisitos necesarios para ocupar el cargo de Director o Directora de la Escuela Judicial, como es tener título legalmente expedido de una profesión afín a las funciones que deba desempeñar y con experiencia profesional mínima de cinco años.

 

Así mismo se establece un catálogo de las principales obligaciones y facultades del titular de la Escuela Judicial, con el fin de armonizarla con el reglamento y los acuerdos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura, conforme al funcionamiento de la Escuela Judicial.

La iniciativa aprobada en comisiones, contiene modificaciones sintácticas para introducir el llamado lenguaje no sexista, incluyente o inclusivo, en la redacción de los artículos a modificar. El dictamen será enviado al Pleno del Congreso del Estado para su análisis y votación.

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