EL ABUSO CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CONOCIDO COMO “BULLYING” DEBE COMBATIRSE POR TODOS LOS ÓRDENES DE GOBIERNO Y ATENDERSE CON MEDIDAS EFICIENTES.
El “bullying” o acoso en contra de las niñas, niños y adolescentes es un grave problema que en muchas ocasiones tiene consecuencias irreversibles, por lo que debe estar en el primer orden de la agenda pública para atenderlo de fondo, señaló la diputada Marite Hernández Correa presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Congreso del Estado.
Aunque la mayor parte de los casos de abuso se cometen en las escuelas y otros espacios públicos, es necesario que exista una coordinación entre las autoridades y la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado, para que se diseñen protocolos que permitan diversas acciones importantes.
Entre ellas la promoción del uso de un lenguaje incluyente, que las relaciones entre las niñas y los niños no sean estereotipadas de lo que corresponde a los hombres o a las mujeres, “hay que compartir la ayuda ser colaborativos, que no exista un ejercicio del poder como se acostumbra manifestar”.
La legisladora Hernández Correa manifestó que si bien es cierto son temas que se deben tratar desde casa, hay instituciones que son formativas, “pero al final de cuentas se trata de un trabajo conjunto, de cero tolerancia a la violencia contra niñas, niños y adolescentes, es fundamental que todos nos involucremos en la construcción de condiciones de seguridad para todos”.
Reconoció que en el tema del “bullying” se han visto situaciones muy graves “por eso el tema de la prevención debe estar dentro de los protocolos; se está avanzando, hay algunas atenciones que se dan en términos psicológicos, pero falta mucho, deben ser temas personalizados, cada asunto es distinto, cada familia tiene su problemática, factores de desintegración, todo eso genera violencia”.
La violencia contra los grupos vulnerables debe estar en el primer orden de la agenda pública, de todos los gobiernos independientemente de sus colores, no se puede permitir que ocurran situaciones que pueden evitarse con protocolos y políticas públicas eficientes, manifestó la diputada.
