CONTRALORÍA MUNICIPAL ACTIVA ESTRATEGIA DE BLINDAJE ELECTORAL.
Con motivo del próximo proceso electoral, el Ayuntamiento capitalino pone en marcha medidas enérgicas para garantizar un blindaje preelectoral, y que nadie de su plantilla comprometa a la institución con acciones que apunten a favorecer tendencias políticas, ni de candidatos ni de partidos.
Incluye la estrategia de imparcialidad municipal, la firma de una carta – compromiso entre el Presidente Municipal y todos los miembros de su gabinete legal y ampliado, para permanecer al margen de inclinaciones electorales y que manifiesten abiertamente su voluntad de cumplir con la normatividad.
Incluso se considera implementar medidas para evitar desviaciones que pudieran llevar alguna etiqueta con inclinaciones políticas. En estos casos habrá “cero tolerancia”.
Esto lo informó la Contraloría Municipal, en donde se aseguró que esa dependencia se conducirá con especial celo, para evitar que personal de este Gobierno comprometa con actos deshonestos el compromiso de la Administración de mantenerse al margen de esos acontecimientos.
Si alguien del gobierno transgrede las indicaciones, que se harán públicas por medio de carteles, se hará acreedor a sanciones, tanto internas como las que pueda tomar la Fiscalía de Delitos Electorales, a la que se turnarían las denuncias correspondientes.
Se dijo que las acciones a tomar constan de tres líneas de acción, que son Difusión, Conocimiento y Compromiso.
La primera consiste en la colocación de carteles en todas las oficinas municipales, con el decálogo de lo que el personal debe hacer. y también lo que no debe hacer en lo relacionado con las elecciones porque eso conllevaría riesgos, como inducir a los subordinados a votar por alguien, a dedicar tiempo de trabajo en esos menesteres, a contribuir con algún activo oficial o con donativos.
Otro punto de la estrategia es la instalación de buzones con la idea de que cualquier ciudadano deposite en ellos denuncias contra alguien que pudiera estar incurriendo en actos prohibidos. Esas denuncias se canalizarían directamente a la Fiscalía de Delitos Electorales que impondrá la sanción que corresponda.
Un punto adicional es la recomendación de que tres días antes de las elecciones se resguarden todos los vehículos oficiales para evitar tentaciones de usarlos en actos proselitistas, que definitivamente están prohibidos.
