“CRUZADA CONTRA LA CORRUPCIÓN”
Como parte del arranque de la “Cruzada contra la Corrupción” que hoy puso en marcha el Gobierno de esta capital, entró en operación el módulo para las declaraciones patrimoniales que permanecerá en el auditorio de la Unidad Administrativa hasta el 31 de mayo.
El Contralor Interno, José Mejía Lira destacó que a través de diversas acciones se fomenta la cultura de principios, valores y ética entre las y los servidores públicos, además se fortalecen los instrumentos de transparencia, control, evaluación y rendición de cuentas.
Detalló que la “Cruzada contra la Corrupción” concluirá hasta el 16 de mayo, y a lo largo de las jornadas se darán a conocer el nuevo Código de Ética de los Servidores Públicos del Municipio; las Reglas de Integridad en el Ejercicio de la Función Pública; el Reglamento de Control Interno; los lineamientos generales del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal; la Carta Compromiso, así como el Acuerdo de Confidencialidad.
Igualmente, habrá una conferencia con especialistas nacionales en materia de anticorrupción, y también se presentarán los programas elaborados por la Dirección de Desarrollo Social, así como del Heroico Cuerpo de Bomberos.
En cuanto al módulo que se puso en funcionamiento en el Auditorio de la Unidad Administrativa Municipal, Mejía Lira precisó que se apoyará a todas las empleadas y trabajadores de la actual administración para que cumplan cabalmente con la Declaración de Situación Patrimonial de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal.
Recordó que las y los servidores públicos deberán declarar al inicio del encargo – y para elaborar ésta, primero se deberá hacer la declaración de conflicto de intereses-; declaración de modificación patrimonial cuando sea el caso, y la declaración de conclusión del encargo.
Aunque el Contralor Interno confió en que el 100% del personal del Ayuntamiento cumplirá con esta obligación legal, en caso de que haya quien no la presente, las sanciones van desde una amonestación privada o pública; suspensión y/o destitución del empleo, cargo o comisión; hasta inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
